¿Televisión pública o interés público?

¿Subvencionar las televisiones o subvencionar los productos de interés público? Esa es la cuestión que planteamos hoy… Después de tantos escándalos y malas experiencias ¿no resulta lógico plantear nuevas alternativas?

Conceptos como responsabilidad social, creación de marca y satisfacción del usuario,  son términos plenamente consolidados en el mundo empresarial, que en muchos casos, resultan totalmente ajenos a las televisiones convencionales.

La mediocridad  que encontramos en muchas de las televisiones responde, desde este punto de vista, a una falta de identidad de la televisión, a una escasa profundización en cuanto a sus posibilidades, a un desconocimiento que lleva en definitiva, a una fácil instrumentalización de la misma; ya que por el contrario, todos sabemos, que una identidad fuerte resulta difícil de manipular.

También resulta bastante evidente que uno de los principales factores que ayudan al mantenimiento de la calidad en los programas es la financiación, ya que no hay que olvidar que gran parte de las creadoras de productos audiovisuales son empresas.

En referencia a este punto, nos ha parecido interesante destacar la propuesta que hace Juan Manuel Herreros (2004:125) en su obra “El servicio público de televisión”, ya que introduce un modelo de financiación que está muy en coherencia con el consumo y producción de los nuevos medios. Herreros argumenta que “Los fondos públicos deben otorgarse exclusivamente para la financiación de actividades de servicio público Y añade que […] esta financiación pública debe destinarse a sufragar los programas que verdaderamente pueden calificarse de servicio público, con independencia del carácter público o privado de las televisiones en cuestión”.

Este punto de vista resulta ciertamente innovador ya que la condición acordada sobre financiación pública no hace referencia a la cadena en sí, si no a la producción concreta de un programa. Esto supondría un paso adelante en un cambio de mentalidad en la empresa audiovisual ya que la competencia entre públicas y privadas no se ceñiría únicamente a la batalla por los índices de audiencia; si no que también se articularía en torno a la concesión de financiación pública a partir de programas con auténtica vocación de servicio público y contribuiría  a desarrollar una televisión de calidad con responsabilidad social.